¿Cuándo responde un administrador con su patrimonio de las deudas de la sociedad?

Un administrador de una sociedad de capital responde solidariamente de las obligaciones sociales posteriores a una causa de disolución si no convoca la junta general en el plazo de dos meses o, cuando la junta no se constituye o se opone a la disolución, no solicita la disolución judicial en los dos meses siguientes. Lo establece el art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC). El cierre del ejercicio iniciado en 2026 es, por ahora, el último en el que las pérdidas de 2020 y 2021 no computan para la causa de disolución por pérdidas.

¿En qué casos responde el administrador?

El art. 367.1 LSC vincula la responsabilidad a dos incumplimientos de plazo:

• no convocar la junta general en los dos meses siguientes a la causa legal o estatutaria de disolución (art. 365);
• no solicitar la disolución judicial en los dos meses siguientes a la fecha prevista para la junta, si no se constituyó, o al día de la junta, si el acuerdo fue contrario a la disolución (art. 366).

En esos casos, los administradores «responderán solidariamente de las obligaciones sociales» posteriores a la causa. Es una responsabilidad personal: el deudor responde de sus obligaciones «con todos sus bienes, presentes y futuros» (art. 1911 del Código Civil). A diferencia del art. 236.1, que exige un daño y dolo o culpa, el art. 367 no menciona esos requisitos.

¿Cuándo hay causa de disolución por pérdidas?

Las causas legales están en el art. 363.1 LSC, y los estatutos pueden añadir otras. La causa por pérdidas concurre cuando estas dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, salvo que el capital se aumente o se reduzca en la medida suficiente y siempre que no proceda solicitar el concurso (art. 363.1.e). Con carácter general, la LSC no fija en qué momento se produce esta causa: si al cierre del ejercicio, al formular las cuentas o cuando un balance intermedio la pone de manifiesto.

¿Qué pasa con las pérdidas de 2020 y 2021 en el cierre de 2026?

El art. 30 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, vigente desde el 22 de marzo y convalidado por el Congreso (BOE de 28 de marzo de 2026), dispone que, «a los solos efectos» de la causa de disolución por pérdidas, «no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2026».

Si, excluidas esas pérdidas, en el resultado del ejercicio 2026 se aprecian pérdidas que dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, los administradores deben convocar la junta en dos meses «a contar desde el cierre del ejercicio». Si el ejercicio coincide con el año natural, el cierre es el 31 de diciembre de 2026 y el plazo vence el 28 de febrero de 2027 (art. 5.1 del Código Civil).

Dos precisiones:

• La exclusión no alcanza a las demás causas ni al deber de solicitar el concurso, que el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC) vincula a la insolvencia actual (arts. 2.3 y 5.1).
• Hasta el BOE del 14 de noviembre de 2026, ninguna norma ha prorrogado la exclusión. Si no se prorroga, a los ejercicios posteriores se aplicará el art. 363.1.e) LSC sin ella.

¿Qué puede hacer el administrador para evitar la responsabilidad del art. 367?

En los dos meses desde la causa, o desde la aceptación del cargo si el nombramiento es posterior, puede:

• Convocar la junta general para que acuerde la disolución o, si consta en el orden del día, las medidas para eliminar la causa, como el aumento o la reducción de capital (arts. 365 y 367.1).
• Solicitar el concurso o comunicar al juzgado negociaciones con los acreedores, cuando proceda, para alcanzar un plan de reestructuración (art. 367.3). En ese caso no está obligado a convocar la junta para la disolución (art. 365.3).

Si el plan no se alcanza, el art. 367.3 dice que el plazo «se reanudará» desde que la comunicación deje de producir efectos, y el art. 365.3, en su redacción vigente desde el 3 de abril de 2025, que la convocatoria deberá hacerse en los dos meses siguientes. La ley no aclara cómo se coordinan ambas redacciones.

Si la junta no se constituye, no adopta el acuerdo o lo adopta contrario a la disolución, el administrador debe solicitar la disolución judicial en los dos meses siguientes a la fecha prevista para la junta o a su celebración (art. 366.2).

¿De qué deudas responde y de cuáles no?

Solo de las obligaciones sociales posteriores a la causa de disolución. Pero las que reclaman judicialmente acreedores legítimos se presumen posteriores, salvo prueba en contrario (art. 367.2). La ley no define cuándo nace una obligación a estos efectos.

El art. 367 no menciona a los administradores de hecho: el art. 236.3 les extiende «la responsabilidad de los administradores», pero la ley no aclara expresamente si eso alcanza al art. 367.

¿Y si el administrador aceptó el cargo con la causa ya producida?

Desde el 26 de septiembre de 2022, con la reforma de la Ley 16/2022, el art. 367.1 regula expresamente este caso. Si el nombramiento es posterior a la causa, el plazo de dos meses se cuenta desde la aceptación del cargo. Si el nombramiento se produce en la junta o después de ella, el administrador responde de las obligaciones sociales posteriores a la aceptación.

El art. 367 no regula, en cambio, qué ocurre con las deudas posteriores al cese o a la dimisión del administrador.

¿Qué ocurre si la sociedad no puede pagar sus deudas?

La causa por pérdidas opera «siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso». Está en insolvencia actual quien «no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles» (art. 2.3 TRLC), y debe solicitar el concurso en los dos meses siguientes a la fecha en que la conoció o debió conocerla (art. 5.1).

Con probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual, en este último caso mientras no se haya admitido a trámite una solicitud de concurso necesario, el órgano de administración puede comunicar al juzgado negociaciones para un plan de reestructuración (art. 585). Los efectos duran tres meses, prorrogables hasta otros tres (art. 607.1), y mientras están vigentes queda en suspenso el deber de acordar la disolución por pérdidas (art. 613). Las microempresas tienen un régimen propio, sin prórroga (art. 690).

El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, si el deudor o sus administradores no cumplieron el deber de solicitarlo (art. 444.1.º). Si se califica como culpable y la sección de calificación se abrió o reabrió por la apertura de la liquidación, el juez puede condenar a los administradores declarados personas afectadas por la calificación, incluidos quienes lo fueron en los dos años anteriores a la declaración, a cubrir el déficit, total o parcialmente, en la medida en que su conducta haya generado o agravado la insolvencia (arts. 455.2.1.º y 456.1). Es un régimen distinto del previsto en el art. 367.

¿Hay otras vías por las que puede responder el administrador?

Sí, con requisitos propios:

• Acciones social e individual. Exigen un daño causado por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por incumplir los deberes del cargo, con dolo o culpa (art. 236.1), y prescriben a los cuatro años desde que pudieron ejercitarse (art. 241 bis).
• Prescripción de la acción del art. 367. Ni el art. 241 bis LSC ni el art. 949 del Código de Comercio, que fija cuatro años desde el cese en la administración, se refieren expresamente a ella.
• Deudas tributarias. El art. 43 de la Ley General Tributaria (apartados 1.a, 1.b y 2) regula, en determinados supuestos, la responsabilidad subsidiaria de los administradores.

Qué conviene revisar ahora

• Patrimonio neto antes del cierre. Comprobar con un balance provisional si queda por debajo de la mitad del capital social, con y sin las pérdidas de 2020 y 2021.
• Medidas para eliminar la causa. Valorar con tiempo un aumento o una reducción de capital y, en la sociedad anónima, la reducción obligatoria por pérdidas del art. 327 LSC.
• Insolvencia. Si la sociedad no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles, solicitar el concurso en plazo (art. 5.1 TRLC) o valorar la comunicación de negociaciones con los acreedores (arts. 585 y 690 TRLC).
• Aceptación de cargos. Revisar el último balance antes de aceptar: si la causa ya existe, el plazo corre desde la aceptación.
• Documentación. Conservar convocatorias, actas y cuentas. No formular las cuentas, no auditarlas cuando es obligatorio o no depositarlas en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración hace presumir culpable el concurso, salvo prueba en contrario (art. 444.3.º TRLC).

La responsabilidad de los administradores es una de las materias del área de derecho mercantil de Jané Advocats.

Información actualizada a 14 de noviembre de 2026. Este artículo contiene información general y no sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.