¿Qué obligaciones del Reglamento de IA se aplican ya a las empresas y cuándo?
· Por Jané Advocats

A 17 de noviembre de 2026, a cualquier empresa que usa inteligencia artificial se le aplican ya tres bloques del Reglamento (UE) 2024/1689: la alfabetización en materia de IA (art. 4) y las prácticas prohibidas (art. 5), desde el 2 de febrero de 2025, y las obligaciones de transparencia (art. 50), desde el 2 de agosto de 2026. Las obligaciones de los sistemas de alto riesgo ya no empiezan en agosto de 2026: el Reglamento (UE) 2026/1744 las aplazó al 2 de diciembre de 2027 (anexo III) y al 2 de agosto de 2028 (anexo I).
¿Qué obligaciones se aplican ya a cualquier empresa que usa IA?
El Reglamento llama «responsable del despliegue» a quien utiliza un sistema de IA bajo su propia autoridad, salvo en una actividad personal no profesional (art. 3.4).
Alfabetización en materia de IA (art. 4). Proveedores y responsables del despliegue «adoptarán medidas para apoyar la promoción de la alfabetización en materia de IA» de su personal y de quienes se encarguen en su nombre del funcionamiento y la utilización de los sistemas. No se exige asegurar un nivel específico de alfabetización de ninguna persona en particular.
Prácticas prohibidas (art. 5). Entre las que pueden afectar a una empresa están el uso de sistemas de IA:
- con técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas que alteren de manera sustancial el comportamiento de una persona y causen, o sea razonablemente probable que causen, perjuicios considerables (letra a);
- para evaluar o clasificar a personas por su comportamiento social o sus características personales, cuando la «puntuación ciudadana» resultante provoque un trato perjudicial injustificado o desproporcionado, o en contextos sociales ajenos a aquellos en que se generaron los datos (letra c);
- para inferir las emociones de una persona en el lugar de trabajo, salvo por motivos médicos o de seguridad (letra f).
El 2 de diciembre de 2026 empiezan a aplicarse dos prohibiciones nuevas (letras b bis y b ter). La primera se refiere a sistemas que generen o manipulen imágenes, vídeos o audios realistas de las partes íntimas de una persona identificable, o de esa persona en actividades sexualmente explícitas, sin su consentimiento.
Transparencia (art. 50). Desde el 2 de agosto de 2026, el responsable del despliegue debe:
- informar a las personas expuestas a un sistema de reconocimiento de emociones o de categorización biométrica (apartado 3);
- hacer público que una «ultrafalsificación» de imagen, audio o vídeo ha sido generada o manipulada de manera artificial (apartado 4);
- divulgar que es artificial el texto que se publica para informar al público sobre asuntos de interés público, salvo que haya pasado por revisión humana o control editorial y alguien tenga la responsabilidad editorial (apartado 4).
Los apartados 1 y 2 se dirigen a los proveedores: diseñar los sistemas que interactúan con personas, como un chatbot, de modo que estas sepan que tratan con una IA, y marcar el contenido sintético en un formato legible por máquina. Si el sistema se introdujo en el mercado antes del 2 de agosto de 2026, el apartado 2 debe cumplirse a más tardar el 2 de diciembre de 2026 (art. 111.4).
La empresa que desarrolla un sistema, o lo encarga, y lo introduce en el mercado o lo pone en servicio con su propio nombre o marca es proveedora (art. 3.3).
Según la página de la Comisión, el código de buenas prácticas voluntario sobre marcado y etiquetado se publicó el 10 de junio de 2026.
¿Qué cambió con el ómnibus de julio de 2026?
El Reglamento (UE) 2026/1744, de 8 de julio, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 24 de julio de 2026 y entró en vigor el día 27. Entre los cambios que afectan a las empresas están:
- Alto riesgo aplazado. En el texto de 2024, el régimen del anexo III se aplicaba desde el 2 de agosto de 2026 y el del anexo I, desde el 2 de agosto de 2027.
- Art. 4 con nueva redacción, vigente desde el 27 de julio de 2026. Antes obligaba a adoptar medidas para que el personal tuviera, en la mayor medida posible, un nivel suficiente de alfabetización.
¿Cuándo se aplican las obligaciones de alto riesgo y a qué empresas afectan?
Desde el 2 de diciembre de 2027 (anexo III) y desde el 2 de agosto de 2028 (anexo I). Del anexo III destacan dos puntos:
- Empleo (punto 4): sistemas para la contratación o la selección de personas (filtrar solicitudes, evaluar candidatos) y para decidir sobre condiciones laborales, promoción o rescisión, asignar tareas según el comportamiento o los rasgos personales, o supervisar y evaluar el rendimiento.
- Servicios esenciales (punto 5): evaluación de la solvencia o calificación crediticia de personas físicas, salvo la detección de fraudes financieros, y evaluación de riesgos y fijación de precios en seguros de vida y de salud.
El art. 26 obliga al responsable del despliegue, entre otras cosas, a:
- usar el sistema conforme a sus instrucciones;
- encomendar la supervisión humana a personas con competencia, formación y autoridad;
- conservar los archivos de registro bajo su control al menos seis meses;
- informar a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores afectados antes de usarlo en el lugar de trabajo.
La evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales (art. 27) corresponde a los organismos de Derecho público, a las entidades privadas que prestan servicios públicos y a quienes usan los sistemas de solvencia y de seguros citados.
La empresa usuaria pasa a ser proveedora si pone su nombre o marca en un sistema de alto riesgo, lo modifica sustancialmente o cambia la finalidad prevista de un sistema, incluido uno de uso general, de modo que se convierta en uno de alto riesgo (art. 25.1).
¿Qué pasa si una empresa integra un modelo de uso general?
Las obligaciones del capítulo V, aplicables desde el 2 de agosto de 2025, recaen en el proveedor del modelo. La empresa proveedora de un sistema que lo integra es un «proveedor posterior» (art. 3.68) y debe recibir de aquel información y documentación que le permita entender bien las capacidades y limitaciones del modelo (art. 53.1.b).
Según la página de la Comisión sobre sus directrices, solo quien hace modificaciones significativas de un modelo asume obligaciones de proveedor de ese modelo.
¿Qué sanciones prevé y quién las impone en España?
El art. 99, aplicable desde el 2 de agosto de 2025, fija estos máximos:
- hasta 35 millones de euros o, si el infractor es una empresa, hasta el 7 % del volumen de negocios mundial total del ejercicio anterior, si esta cuantía es superior, por las prácticas prohibidas del art. 5;
- hasta 15 millones de euros o el 3 % por incumplir, entre otras, las obligaciones de los arts. 26 y 50.
Para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, cada multa podrá ser por el porcentaje o el importe, según cuál sea menor (art. 99.6).
El régimen sancionador deben establecerlo los Estados miembros (art. 99.1). En España, el proyecto de ley orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial caducó con la disolución de las Cortes (Real Decreto 806/2026); así consta en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 4 de noviembre de 2026.
A 17 de noviembre de 2026 no consta publicada ninguna ley estatal que designe las autoridades de vigilancia del mercado ni establezca un régimen sancionador nacional.
El Estatuto de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) le atribuye la supervisión y, en su caso, la sanción «de acuerdo con lo estipulado en la normativa europea» (art. 10.1.k). La Comisión la cita como punto de contacto único de España en su lista de autoridades, con la designación nacional pendiente de adopción definitiva.
¿Qué queda pendiente?
- Directrices de clasificación del alto riesgo (art. 6.5). El plazo legal era el 2 de febrero de 2026. La página de la Comisión las presenta todavía como proyecto.
- Derecho a explicación (art. 86). Se aplica desde el 2 de agosto de 2026, pero se refiere a decisiones basadas en sistemas de alto riesgo del anexo III, cuyo régimen se aplica desde el 2 de diciembre de 2027. El Reglamento (UE) 2026/1744 no contiene ninguna regla expresa al respecto.
El Reglamento de IA no afecta al Reglamento General de Protección de Datos (art. 2.7), sin perjuicio de sus arts. 4 bis y 59: si el sistema trata datos personales, se aplican los dos.
Qué conviene revisar ahora
- Inventario. Sistemas de IA en uso, finalidad y papel de la empresa.
- Selección de personal. Sistemas del punto 4 del anexo III y reconocimiento de emociones en el trabajo.
- Transparencia. Avisos de los chatbots y etiquetado de los contenidos generados con IA.
- Formación. Medidas de alfabetización en materia de IA documentadas.
- Contratos con proveedores. Instrucciones y finalidad prevista de cada sistema.
El Reglamento de Inteligencia Artificial es una de las materias del área de derecho digital de Jané Advocats.
Información actualizada a 17 de noviembre de 2026. Este artículo contiene información general y no sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.
